El 28 de enero de 2020, un pescador zarpó de Bujama Baja y salió en dirección a la isla de Asia. La niebla demoraba en abandonar los contornos del paisaje cuando dejó atrás las últimas embarcaciones que estaban ancladas cerca de la costa. Con él iba un guardaislas de Agro Rural, el programa a cargo de la extracción sostenible de guano en dicha zona. Sobre las 7:30 de la mañana, el pescador notó la presencia de una embarcación que se sacudía de una manera poco usual, no muy lejos de las peñas que rodean la isla. Con sospecha, puso rumbo hacia allá pero, al verlo cerca, la tripulación del otro bote no tardó en alejarse. Para cuando el pescador llegó, todo lo que quedaba era un montón de peces que flotaban, muertos, sobre la superficie del agua. Eran chitas y todas ellas habían sido víctimas de una práctica nefasta y prohibida: la pesca con dinamita.

“Puedes saber que están pescando con dinamita por el sonido y la vibración. Es como si hirviera el agua”, dice Juan Carlos Cabrera*, aquel pescador que zarpó esa mañana desde Bujama Baja. A lo largo de los años, él y los suyos han tenido varios enfrentamientos con los ‘bomberos’, que es como los pescadores llaman a las personas que pescan con explosivos; en otras palabras, con bombas. “Hasta nos han correteado a dinamitazos, y nosotros hemos tenido que salir cortando por los costados de los cerros”, afirma. 

“En esos años no había celulares como los de ahora, que todos tienen cámara, así que cuando hacías la denuncia, lamentablemente no había evidencia suficiente como para capturar a estos señores que vienen a trabajar con explosivos”, agrega. Pero la mañana del 28 de enero, Cabrera sí tenía un celular con cámara y pudo hacer unas fotos y videos del suceso. “Yo les he mandado [a las autoridades] los videos, les he mandado las pruebas, y aun con todo eso, no han hecho absolutamente nada. Ese es el gran problema que nosotros tenemos acá”, resalta con hastío. 

Entretanto, los pescadores artesanales deben lidiar con el problema de los ‘bomberos’ por cuenta propia. Por eso, a menudo prefieren guardar silencio y no meterse en problemas. Temen por sus vidas. Y con justa razón. En enero de 2019, un pescador de Bujama fue asesinado por enfrentarse a un grupo de personas que, según Cabrera, se dedicaban a la red corrida con bidón, un arte de pesca ilegal. Otras fuentes aseguran que se trataba de ‘bomberos’. El nombre de la víctima era Félix Díaz. Recibió un disparo de bala en el torso. “Esa muerte también quedó impune”, afirma Cabrera.

Los pescadores artesanales no pueden competir contra la devastadora efectividad de la dinamita. Por ejemplo, una de las especies más buscadas por quienes realizan esta actividad ilícita es la chita (Anisotremus scapularis). La manera tradicional de extraer este recurso es recurriendo a la pinta o pesca con cordel: un proceso largo y difícil, por tratarse de un pez que vive en torno a las peñas, donde revientan las olas contra las piedras. Los ‘bomberos’, en cambio, solo tienen que arrojar un par de cargas de explosivos en el agua y recoger su botín de pescados muertos.

La onda producida termina por expandir la vejiga natatoria de los peces, y algunas especies, como la chita y la corvina (Cilus gilberti), flotan cuando esto sucede, por lo que pueden extraerlos en grandes cantidades. Otras especies, como el lenguado, se hunden, y por eso algunos ‘bomberos’ van acompañados por buzos que se encargan de recoger todos los peces muertos que yacen en el fondo. En contraste, los pescadores artesanales que se dedican a la chita extraen a estos peces de uno en uno con cordel, a menudo en el transcurso de varias jornadas.

Naturalmente, los pescados que provienen de la pesca con dinamita no están en las mejores condiciones. Vistos por fuera, el ojo inexperto podría no saber cómo distinguir una chita ‘bombeada’ (como dicen los pescadores) de otra que haya sido extraída con cordel. Por dentro, las diferencias saltan a la vista en el daño a la vejiga natatoria, otros órganos internos y el “espinazo reventado”, en palabras de Cabrera*. Además, afirma que los pescados que han sido sacados con explosivos no pueden usarse en algunas recetas, como el sudado, sino que usualmente se sirven fileteados y fritos, en ceviche o chicharrón.

De acuerdo con Javier Cruz*, trabajador de la reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), los efectos de la pesca con dinamita sobre los ecosistemas marinos son nefastos. “Es una actividad que no permite ningún tipo de selectividad, lo que la hace altamente depredatoria. Mata a las poblaciones reproductivas de peces, con lo que los pescadores formales se ven afectados por la desaparición de varias especies de interés, pero además tiene una reacción en cadena, ya que las especies que dependen de los ecosistemas marinos se ven todas afectadas”, explica.

Las zonas de arrecifes rocosos de la costa central del Perú están cubiertas de choros, balanos, caracoles, algas, briozoos, nudibranquios, esponjas, anémonas, corales, cangrejos y un largo etcétera. Con ellos interactúan diversas especies de peces como el pejerrey, la chita, la pintadilla, el cherlo o la cabinza, y más arriba se sitúan mamíferos como los lobos marinos o las nutrias y aves que incluyen a las gaviotas, los cormoranes y los pingüinos. Las relaciones entre todos estos seres vivos y su entorno dan forma a un ecosistema que no solo es complejo, sino que además sustenta la riqueza biológica de la que depende la pesca artesanal. La pesca con explosivos dinamita, literalmente, este sistema. De acuerdo con el biólogo marino Yuri Hooker, los “lugares frecuentemente afectados por el uso de explosivos se muestran como desiertos subacuáticos, pues se ha perdido gran parte de la fauna del fondo, que es el alimento de los peces”.

El daño que esta actividad genera sobre la riqueza y la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos afecta, a su vez, a los pescadores artesanales. La detonación del explosivo, que se produce por debajo de la superficie del agua, genera una onda de choque devastadora a su alrededor. No solo mata a los peces adultos, sino también a los alevines, afectando de paso a la geografía del fondo marino y aniquilando a los demás animales que lo habitan. Ni siquiera el plancton sobrevive al violento paso de los ‘bomberos’.

Aunque la pesca con dinamita es ilegal en todo el territorio peruano, esta sigue siendo una práctica común en el país, tanto en la costa como en la selva. Esta actividad ha sido una de las primeras prácticas extractivas prohibidas en el Perú, su primera aparición es de diciembre de 1909, en el Reglamento de Explosivos. Según información de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), se le incluyó en 1935 expresamente como un delito en la Ley 8002. 

Percy Grandez, asesor legal de Gobernanza Marina de la SPDA, señala que la pesca con explosivos también está prohibida según la Ley General de Pesquería, declarada mediante el Decreto Ley 18810, en el año 1971. “El artículo 308-B del Código Penal sanciona la pesca con explosivos con una pena de hasta cinco años. A su vez, el artículo 309 del Código Penal sanciona esta conducta como agravante, con una pena de hasta siete años. Siguiendo el principio de combinación de leyes penales, el juez debe aplicar la pena más favorable al reo. Por ello, cuando se realiza pesca con explosivos, nunca se ha llegado a aplicar el agravante, sino únicamente el tipo penal base”, afirma.

Sin embargo, en junio de este año, el Congreso aprobó un proyecto de ley que cambiaría esta pena, con ello se “dispone el retiro de la pesca explosivos del tipo base, manteniéndose únicamente la conducta como una agravante. Es decir, una vez que esta modificación al Código Penal se publique en el diario El Peruano, la pesca con explosivos será sancionada con hasta 7 años”, dice Grandez.

Por su parte, Fabio Castagnino, asesor en manejo de recursos marinos de la SPDA, sostiene que la complejidad a la que se enfrenta el sistema para accionar de forma drástica sobre la pesca con explosivos viene también por la poca comprensión que se tiene sobre el mar. “Luego del uso intensivo de explosivos, la superficie del océano se sigue viendo exactamente igual que antes. Hace falta sumergirse para entender la diferencia, e incluso quienes lo hacen podrían tener un sesgo si su experiencia submarina es muy reciente, pues podrían pensar que la condición natural de un área es lo que ven en ese momento, cuando en realidad no es ni una sombra de lo que era. En cambio, los efectos de dicha devastación son sumamente evidentes para los pescadores y pobladores de zonas costeras más viejos, que sí han visto enormes cambios a lo largo de sus vidas”, afirma.

Se podría pensar que, dada su naturaleza, la pesca con dinamita debería ser muy fácil de monitorear y, en consecuencia, también de controlar. Pero no es así. Para empezar, hay que considerar que los propios ‘bomberos’ suelen ser, ellos mismos, pescadores y navegantes que han pasado toda su vida en el mar, y saben cómo manejarse entre las olas y las mareas para pasar relativamente desapercibidos. Javier Cruz, trabajador del Sistema de Islas, señala que “generalmente operan en horarios que les permiten acercarse a las peñas y a las playas sin llamar la atención. Si es necesario, también pueden alejarse de allí a gran velocidad”.

Pero, además, hay otro factor crucial para entender por qué una práctica tan destructiva como esta ha podido sostenerse a lo largo del tiempo. La pesca con dinamita forma parte de una cadena productiva de corte criminal que implica a un gran número de agentes. Sus primeros segmentos yacen ocultos entre las sombras que rodean al tráfico ilegal de explosivos, y los últimos bien podrían llegar hasta nuestras propias mesas.

En enero de 2020, Juan Carlos Cabrera se encontró con ‘bomberos’ que operaban en los alrededores de la isla de Asia y pudo registrar en foto y video dicho suceso. Pese a identificar la matrícula de la embarcación y contactar con las autoridades, Cabrera afirma que la Dirección de Capitanías de Puerto (Dicapi) no se hizo presente en la zona y no le dio seguimiento al asunto, tampoco se presentó una denuncia formal ante la Policía y Fiscalía. Cabe señalar que la Dicapi es la única autoridad marítima nacional que tiene la potestad de hacer intervenciones en el mar.

Para Javier Cruz*, de la Reserva de Islas Guaneras, uno de los problemas que se dan al tratar con esta clase de denuncias es que existen varias limitaciones sobre las competencias que pueden tener las instituciones del Estado sobre un hecho, sin mencionar la burocracia que puede darse al interior de cada una de ellas. “En este caso, lo más que podíamos hacer desde el Sernanp era notificar al capitán de Puerto del Callao para que tomara las acciones correspondientes. Pero he trabajado en muchas áreas naturales protegidas, y puedo dar fe de que hay un sinnúmero de denuncias que quedan en nada”, aseguró.

En marzo de 2021, casi un año después del hecho y cuando el delito aún no había prescrito, la Asociación Pesca Sostenible (APS) reactivó el tema y realizó la denuncia formal ante la Fiscalía de Prevención del Delito de Cañete. Sin embargo, fuentes de APS señalan que, al momento de hacer la denuncia, hubo una conversación con dos testigos oculares del hecho dispuestos a declarar, siempre y cuando no se revelara su identidad. Pero, ante la amenaza de exponerlos, finalmente se optó por no tomar sus declaraciones.

Juan Carlos Cabrera* asegura que las embarcaciones que llegan a la zona para hacer pesca con dinamita provienen de Pucusana. De acuerdo con el pescador, estas embarcaciones pueden ser muy difíciles de rastrear, pues algunas de ellas no tienen número de matrícula, y muchas otras las vuelven a pintar cuando los ‘bomberos’ sospechan que han sido identificadas por alguien. “Uno a veces quisiera poder denunciarlos más abiertamente, pero uno ve que se pone en riesgo, y yo tengo hijos que todavía tengo que criar, pues”, se lamenta.

Aunque carece de salida directa al mar, Mala es el hogar de un gran número de pescadores artesanales, y el eco de las explosiones ocasionadas por los ‘bomberos’ llega también hasta aquí. Víctor Ramírez* y Rubén Dávalos*, miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales de Mala, cuentan que mientras tenían una reunión virtual entre los asociados y representantes de entidades como Produce, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y la Policía Ecológica, entre otros, comenzaron a oírse las detonaciones de dinamita en el mar. “Parecía Nochebuena”, recuerda Ramírez*, “hacia las 8:30 o 9 de la noche empezaron a oírse las detonaciones. ¡En vivo, con todas las autoridades ahí presentes! En ese momento, las mismas personas del Produce llamaron a la capitanía, y el capitán les dijo que iba a mandar a una patrullera de inmediato. Pero dieron la una, las dos, las tres de la mañana, y la patrullera nunca llegó”, concluye. De acuerdo con él, el origen de las explosiones era la isla que se encuentra justo frente a Punta Corrientes, en el distrito de Cerro Azul, a la altura del kilómetro 122 de la Panamericana Sur.

Los pescadores y las autoridades que estuvieron presentes en dicha reunión no pudieron obtener una respuesta efectiva del capitán de Puerto del Callao. Víctor Ramírez* dice que, poco después, los socios del Club Playa Punta Corrientes pudieron comunicarse directamente con el Almirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina de Guerra del Perú. “Recién entonces, después de una semana, acudió una embarcación de la Marina y se hicieron varios patrullajes”, señala. Aunque no se llegó a realizar ninguna intervención, el pescador dice que este suceso sí tuvo consecuencias tangibles: “A partir de ese momento desaparecieron todos los ‘bomberos’, pero fíjate: el tema ha tenido que llegar hasta una parte civil, a gente que puede tener más relaciones y contactos, para que haya una respuesta real”, afirma.

Este periodo de paz se rompió el 24 de febrero de 2022. Alfredo Menacho, miembro de la Asociación Club Playa Punta Corrientes, denunció ante la capitanía de puerto del Callao, que el 12 del mismo mes se había “producido una serie de dinamitazos que ha atentado, nuevamente, contra la salud y la productividad del ecosistema marino, y la seguridad y tranquilidad de la población local (…)”, y exigía que se tomen medidas en la zona además de la “implementación de una estrategia multisectorial, agresiva y contundente” que ponga fin a este problema en todo el litoral. Este documento, que destaca las denuncias contra los ‘bomberos’ realizadas a lo largo de los años, es una muestra de la preocupación de la ciudadanía frente a la inacción y burocracia.

Punta Corrientes es una pequeña fracción del litoral donde operan, en competencia desigual y constante, los pescadores artesanales y los ‘bomberos’. “Cuando los pescadores de nuestra asociación se han acercado a hablar con los ‘bomberos’, ellos les han respondido que se callen la boca y los han amenazado con armas de fuego. Vienen nomás y delante de uno ¡pum!, tiran sus explosivos, se lanzan al agua, recogen sus pescados y se van”, afirma Rubén Dávalos. “A uno lo dejan mirando, y si hablas, ahí están con su revólver. Nos tienen como atados de pies y manos”, agrega.

Especialistas sostienen que la pesca con dinamita debería ser considerada como una forma de crimen organizado. De acuerdo con la Ley 30077, una organización criminal es “cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados”. Para José Bringas, especialista legal de la SPDA, la pesca con explosivos cae perfectamente dentro de esta definición.

“La pesca con explosivos puede y debe ser considerada dentro de la Ley Contra el Crimen Organizado. Si esta actividad estuviera tipificada dentro de los tipos de delitos que se pueden investigar bajo esta ley, tanto los operadores de la justicia (Fiscalía y Poder Judicial) como el personal policial que les brinda apoyo contarían con herramientas legales que les faciliten investigar al responsable último de la comisión del delito (la persona que utiliza los explosivos) y a la red que le sirve, para aplicar figuras legales específicas, como la protección de testigos, que resultan útiles en la lucha contra las economías ilegales”, afirma Bringas.

Sobre este punto, Percy Grandez recuerda que “en junio del 2022, el Congreso aprobó un proyecto de ley que establece que, si la pesca ilegal se realiza bajo la pertenencia a una organización criminal, el hecho podría sancionarse con una pena de hasta 20 años. En ese sentido, la pesca con explosivos podría calzar en este tipo penal, siempre y cuando se realice como parte de una organización criminal, en la que se acredite que el delito pesquero se ha cometido a través de una debida estructura de mando, distribución de roles, entre otros criterios que le permitan a la Fiscalía advertir si se encuentra frente a una organización criminal constituida para realizar actos de pesca ilegal”.

A pesar de que esta actividad está prohibida desde hace más de 80 años, aún no se ha podido erradicarla. Víctor Ramírez* destaca que los ‘bomberos’ solo operan cuando el mar está calmado. Si está bravo y las olas revientan con fuerza, esto hace que sea mucho más peligroso acercar las embarcaciones a las peñas o meterse en el agua para recoger el pescado. El pescador señala que si la Dicapi cuenta con esta información, ¿por qué no genera un plan de acción, con patrullajes y protocolos para la intervención de embarcaciones sospechosas?

De acuerdo con Castagnino, “la pesca con explosivos es un problema que tiene muchísimas aristas, pero los vasos comunicantes son el desinterés, la desarticulación, la falta de logística, equipamiento y personal, la falta de capacidades técnicas y legales y, en algunos casos, la corrupción al interior de las autoridades competentes”. Si, como han señalado los especialistas de la SPDA, esta actividad llegara a incluirse como parte de la Ley Contra el Crimen organizado, tanto la Fiscalía como la Policía podrían incrementar sus capacidades y herramientas para investigarlos y procesarlos, además de aplicar una serie de agravantes.

Si bien aún no se sabe con precisión de dónde obtienen explosivos los ‘bomberos’, algunos pescadores de la zona afirman que estos provendrían de los sectores donde se realiza la minería no metálica o de los sindicatos de construcción.

Pucusana tiene un desembarcadero donde los pescadores descargan, pesan y venden sus productos, los cuales son inspeccionados regularmente por agentes del Produce para evitar la comercialización de especies protegidas o en veda. Rubén Dávalos* asegura que los ‘bomberos’ ni siquiera suelen atracar en el muelle principal para realizar el desembarco. “Se anclan afuera, y los ‘zapatitos’ -botes pequeños- son los que ingresan para hacer la comercialización. O sea, hacen trasbordo, cosa que está penada”, afirma. “Cuando la mar está baja, algunos ‘bomberos’ varan en las playas para hacer el desembarco, lo que también está prohibido”, agrega el pescador.

Esto último, a su vez, implica que los compradores ya están al tanto de dónde se va a realizar el desembarco, y se dirigen allí a la hora señalada para pesar y recoger el producto. Así lo confirma Víctor Ramírez*, quien además asegura que los ‘bomberos’, lo mismo que muchos pescadores artesanales, trabajan siempre bajo comisión de un comprador. Este último sería quien les facilita el dinero para cubrir sus gastos: alimentación, combustible y, en el caso de los ‘bomberos’, también los explosivos. “Cuando ellos varan, ya el comprador tiene todo listo, preparado, en el sitio donde van a desembarcar”, señala.

En Pucusana, la gente se muestra extremadamente discreta al momento de hablar sobre la pesca con explosivos, y los testimonios de muchos pescadores locales están plagados de evasivas y sutiles contradicciones. “Acá la gente ya no pesca así. Los más viejos se acuerdan de los tiempos en que se pescaba con dinamita, pero eso ahora ya no pasa”, asegura un pescador lejos de las miradas indiscretas. Mientras, otros accedían a conversar por teléfono, pero cancelaban la cita en el último minuto.

Nelson Fuentes* ya casi no se dedica a la pesca, ahora se gana el sustento haciendo otro tipo de trabajos. El mar, que alguna vez fue garantía de su sustento, hoy es un paraje desolador, un desierto salado en el que cada vez resulta más difícil ganarse la vida como pescador honrado.

“Este tipo de cosas, como la pesca con explosivos, afectan a los pescadores y malean la zona. Da cólera”, dice. Él, sin embargo, también teme por su seguridad. Nadie quiere sufrir las represalias de los ‘bomberos’. Todo aquel que se atreva a declarar en su contra podría tener que pagar el precio con su vida. Casos como el de Félix Díaz son un recordatorio de esta cruda verdad, forjada entre el embate de las olas y el violento estallido de la pólvora, en un mar cuyo rumor es cada vez más un epitafio.